Creación de un plan para la implementación de la tarjeta de entrada móvil en lugares de privación de libertad

Los miembros de la Comisión de Seguridad Nacional y Control de Narcóticos han propuesto una reforma legislativa para criminalizar a quienes intenten introducir de contrabando dispositivos de comunicación en las cárceles.

Esta iniciativa busca combatir la actividad criminal en las prisiones mediante la presentación de cargos penales contra quienes introduzcan equipos de comunicaciones ilegales.

Según datos proporcionados por la Dirección de Adaptación Social, durante el periodo de octubre a diciembre de 2023, la policía penitenciaria incautó 784 teléfonos móviles y 563 chips internacionales de varios países como Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Colombia, etc. . EE.UU.

La nueva legislación propuesta tiene como objetivo impedir la introducción ilegal en las cárceles de teléfonos móviles, teléfonos satelitales u otros dispositivos tecnológicos para establecer comunicación con el exterior, así como tarjetas SIM, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables.

La modificación del Código Penal establece que quienes sean declarados culpables de introducir ilegalmente dispositivos de comunicación en lugares de privación de libertad podrán recibir una pena de dos a cuatro años de prisión si no cuentan con la autorización legal pertinente.

Para funcionarios gubernamentales, proveedores de servicios o productos, profesionales del derecho u otras personas que tengan permiso especial para ingresar, la comisión de este delito se consideraría grave.

La pena establecida se aumentará en un tercio si se comprueba que alguien ha introducido los determinados dispositivos electrónicos en las celdas de centros penitenciarios de régimen cerrado o si el responsable es un funcionario.

Esta medida surgió en respuesta a una decisión de la Sala Constitucional emitida el 20 de junio de 2001, que estableció que en materia represiva se debe garantizar la intervención del poder legislativo y la distinción de los derechos jurídicos de los ciudadanos, determinando así las acciones específicas, que se debe emprender. .

En relación con la facultad de los legislativos para establecer normas penales, la Sala Constitucional mencionó que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa determinar qué conductas deben ser consideradas delitos y ser sancionadas como tales, ya que la determinación de las obligaciones jurídicas que deben preverse En la legislación penal es una decisión de carácter político que corresponde al legislador.

Para que este proyecto de ley sea aprobado es necesaria la unanimidad de los diputados presentes. Además, al tratarse de una iniciativa que debe ser consultada con la Corte Suprema, es importante tener en cuenta que en caso de oposición de esta instancia será necesario contar con la aprobación plena de los votos emitidos.