El presidente de Argentina, Javier Millay, ha generado polémica al prorrogar una vez más el presupuesto de 2023. con una orden ejecutiva que sugiere que el país seguirá sin una ley de presupuesto sancionada por el Congreso en 2025. La decisión fue duramente criticada por Germán Martínez, jefe del bloque de diputados nacionales Unión por la Patria, quien acusó al presidente de buscar un manejo arbitrario de las finanzas públicas.
En mensaje compartido en la red social X, Martínez expresó: “Milei nunca quiere tener una ley de presupuesto. Quiere tener una arbitrariedad total en la gestión de las finanzas públicas. Por eso hoy el presupuesto 2023 se prorroga por decreto hasta 2025, hecho que ocurrió allá por 2024..
Dos años sin ley de presupuesto
El legislador santafesino calificó la situación como inédita en la historia económica reciente del país: «Hemos pasado dos años seguidos sin que el Congreso aprobara un proyecto de ley de presupuesto. «Esto no es una cuestión de imposibilidad, sino de una decisión política por parte del ejecutivo..
Martínez recordó que la Ley de Administración Financiera N° 24.156, aprobada en 1992, fue diseñada para garantizar que el Poder Ejecutivo administre las finanzas públicas de acuerdo con un marco regulatorio aprobado por el Congreso. Como se ha explicado, el artículo 27 de dicha ley sólo permite la prórroga del presupuesto del año anterior en situaciones excepcionales que impidan la adopción de un nuevo presupuesto.
«No existe ninguna situación excepcional que justifique esta decisión. Millay no quería una ley, decidió no enviarla al Congreso y está presionando para interpretar el artículo 27 para preservar el presupuesto de 2023. como base de la administración pública nacional.subrayó el diputado.
Una práctica controvertida
El uso de decretos para prorrogar presupuestos anteriores ha sido tema de debate en el pasado, pero la extensión de la práctica por dos años consecutivos bajo la administración Millay ha generado críticas tanto de la oposición como de los sectores académicos y económicos. Según Martínez, esta decisión refleja un intento deliberado del Ejecutivo de evitar el escrutinio legislativo que establece el proceso de sanción de una nueva ley de presupuesto.
“Cuando se redactó la Ley de Administración Financiera, el espíritu del legislador era asegurar que cada año se aprobara un presupuesto que describiera todos los aspectos necesarios para asegurar una gestión responsable de las finanzas públicas. Lo que estamos viendo ahora es un fracaso en ese espíritu fundamental».Dijo Martínez.
Reacciones políticas
La decisión del presidente también planteó dudas sobre la transparencia y la planificación a largo plazo de la política económica del gobierno. La Unión por la Patria sostiene que la falta de un presupuesto aprobado complica el control parlamentario sobre los gastos e ingresos estatales, debilitando así las instituciones democráticas.
Por su parte, el gobierno de Milei defendió esta medida, argumentando que era necesaria para garantizar la continuidad administrativa mientras se implementaban reformas económicas estructurales. Los críticos, sin embargo, creen que esta justificación es infundada dado que el Congreso sigue funcionando plenamente y no existen obstáculos legales ni logísticos para debatir y sancionar un nuevo presupuesto.
Un precedente inquietante
La falta de un presupuesto aprobado por el Congreso no sólo presenta un desafío de gestión, sino que también deja al país sin una hoja de ruta clara para gestionar las finanzas públicas. Según Martínez, esta situación pone en riesgo la estabilidad económica porque dificulta la rendición de cuentas y el seguimiento de los objetivos fiscales.
«Milei elige el camino de la arbitrariedad y la discreción en el manejo de las finanzas públicas. «Esto no es una cuestión técnica, sino una decisión política que altera el marco institucional y el equilibrio de poder.concluyó el legislador.
A medida que se acerca 2025 El debate sobre la falta de un nuevo presupuesto seguirá siendo un tema central en la política argentina, marcando una profunda división entre el partido gobernante y la oposición sobre el modelo de gobernanza económica que debe seguir el país.