domingo, abril 14

Decomiso de 33 inmuebles y otros activos relacionados con el ex presidente Juan Orlando Hernández

Propiedades incautadas del expresidente y su esposa: Administración de propiedades incautadas

En Honduras, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tiene la responsabilidad de manejar las propiedades confiscadas pertenecientes al ex presidente Juan Orlando Hernández. Entre estas propiedades se encuentra su residencia en Tegucigalpa, donde Ana Garcia su esposa e hijas continúan viviendo bajo la supervisión de la OABI.

La ocupación de la casa de habitación por parte de Ana García, esposa del ex mandatario, se ha dado tras llegar a un acuerdo con una institución bancaria, pero es importante destacar que dicho acuerdo se estableció con la OABI. Esta institución tiene la responsabilidad de salvaguardar y administrar los bienes incautados, asegurando su correcto uso y protección.

Recordemos que después de la captura del expresidente, la Procuraduría General de la República (PGR) instó al Ministerio Público a proceder de manera inmediata al aseguramiento de los bienes, tanto muebles como inmuebles, pertenecientes a Hernández Alvarado. Sin embargo, esta solicitud quedó sin efecto debido a un recurso de apelación presentado en contra de la extradición aprobada por un juez de primera instancia el 16 de marzo de 2022.

Posteriormente, el lunes 28 de marzo de ese mismo año, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió mantener la extradición, y la incautación de los bienes se llevó a cabo a principios de abril. En esos días, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que una de las propiedades incautadas era la residencia de Hernández ubicada en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa.

33 inmuebles son decomisados por las autoridades en operación de incautación

Mora detalló que las autoridades decomisaron un total de 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, así como ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros.

En este sentido, corresponde al Estado de Honduras, a través de la OABI, determinar el arrendamiento o no del bien ubicado en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, donde reside la ex primera dama Ana García junto a sus hijas, así como también de las demás propiedades que están bajo su tutela.

La OABI tiene la importante tarea de salvaguardar los bienes incautados y asegurar que se utilicen de manera adecuada. En el caso de la residencia de la ex primera dama, es comprensible que se haya llegado a un acuerdo para su ocupación, pues no es conveniente dejar una propiedad deshabitada y desprotegida.

No obstante, es fundamental que la OABI mantenga un control estricto sobre estas propiedades y garantice su correcta administración. Esto implica asegurar que no se desvíen de su propósito original y que se utilicen de manera transparente y en beneficio del país.

La administración adecuada de estos bienes incautados es esencial para prevenir cualquier acto de corrupción o malversación de fondos. La OABI debe llevar a cabo un riguroso seguimiento y supervisión de las propiedades, manteniendo informada a la ciudadanía sobre su estatus y el uso que se les está dando.

Asimismo, es fundamental que se realice una exhaustiva investigación y evaluación de los bienes incautados para determinar su origen y legalidad. Esto permitirá tomar decisiones informadas sobre su destino final, ya sea a través de su devolución a sus legítimos propietarios o su utilización en beneficio de la sociedad hondureña.

La administración de las propiedades incautadas al ex presidente Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García recae en la OABI, una responsabilidad de suma importancia. Es fundamental que esta institución desempeñe su labor de manera transparente y eficiente, protegiendo los bienes y asegurando su correcta utilización en beneficio del país. La confianza de la ciudadanía en la OABI es crucial para garantizar una gestión adecuada y justa de dichas propiedades.

 La ciudadanía espera que se realicen todas las acciones necesarias para evitar cualquier forma de corrupción y asegurar que estos bienes sean destinados a fines legítimos y en pro del desarrollo de Honduras.