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La reforma de la autonomía regional diferenciada se ha convertido en un dolor de cabeza para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La fuerte oposición de la izquierda ha ido acompañada de críticas de los obispos que dicen que la ley representa un «peligro mortal», ya que podría dividir al país en un norte próspero y un sur marginado. Aprobada en junio, esta ley permite que sólo las regiones que lo soliciten al Estado tengan autonomía en la gestión de hasta 23 áreas, entre ellas salud, educación y cultura.
La ley, impulsada por La Liga, fue aprobada por Meloni para fortalecer su poder, aunque no era su preferencia. Esto dificultó explicarlo a los votantes de distintas autonomías. Además, su socio de gobierno Antonio Tajani, líder de Forza Italia, mantiene su posición de que la reforma debe incluir condiciones.
Forza Italia logró incluir la aprobación de los niveles básicos de prestaciones (LEP), que garantizan estándares mínimos de servicios públicos en todo el país. El partido argumentó que la LEP no debería asociarse con una autonomía regional diferenciada y que su implementación podría reducir las aparentes disparidades regionales. El presidente calabrés, Roberto Occiuto, de Forza Italia, afirma que el 90% de la población del sur se opone a esta autonomía.
En respuesta, el centroizquierda está promoviendo un referéndum para derogar la ley, para lo que se necesitarían 500.000 firmas. La situación se complica por el rechazo de la Iglesia, que ha expresado su preocupación por la creación de «dos Italias». El obispo Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), advirtió del riesgo de un «salvaje oeste» entre las regiones más pobres si se aplica esta reforma.
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, también subrayó la importancia de mantener la solidaridad entre las regiones, destacando que la unidad de la República debe prevalecer sobre la división.
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