El gobierno de Nueva Zelanda está evaluando un proyecto de ley para limitar el uso de redes sociales por parte de menores de 16 años, con la intención de resguardar su bienestar emocional y mental ante los peligros asociados a estas plataformas. Esta iniciativa toma como referencia una regulación existente en Australia, donde hace poco se implementaron restricciones comparables.
El primer ministro del país, Christopher Luxon, anunció esta intención como parte de una estrategia integral para salvaguardar a la niñez y juventud neozelandesa. De acuerdo con sus declaraciones, la idea central es obligar a las plataformas digitales a tomar medidas concretas para evitar que los menores de 16 años puedan crear cuentas o acceder a contenido que pudiera ser perjudicial para su desarrollo.
Luxon subrayó que esta iniciativa no persigue fines políticos, sino que refleja una inquietud común entre padres, docentes y expertos en salud. “Esto supera cualquier división política. Es un asunto de interés nacional. Nuestro objetivo es que la tecnología funcione a favor de las familias, no en su detrimento”, afirmó el líder durante una intervención pública.
La propuesta cuenta con el respaldo de sectores del oficialismo, incluyendo a la diputada Catherine Wedd, quien ha señalado que el acceso irrestricto a redes sociales está asociado con el aumento de casos de acoso digital, exposición a contenido inapropiado y adicción. La legisladora resaltó que muchas plataformas carecen de filtros efectivos y que las medidas voluntarias implementadas por algunas empresas tecnológicas resultan insuficientes.
Aunque todavía no se ha definido una fecha exacta para la presentación formal del proyecto ante el Parlamento, se sabe que incluirá mecanismos de verificación de edad más estrictos por parte de las plataformas y sanciones significativas en caso de incumplimiento. Entre las posibles penalizaciones se contemplan multas de hasta dos millones de dólares neozelandeses, equivalentes a poco más de un millón de euros.
La regulación propuesta no solo apunta a limitar el acceso, sino también a crear un entorno digital más seguro para los jóvenes. Esto implicaría un cambio en las políticas de privacidad, moderación de contenido y control parental en redes sociales como Instagram, TikTok, Snapchat y otras plataformas populares entre menores.
La iniciativa ha generado un debate intenso en el país. Algunos sectores la celebran como un paso necesario en la protección de la salud mental juvenil, mientras que otros han expresado preocupaciones sobre las implicaciones que esto podría tener en términos de derechos digitales, libertad de expresión y viabilidad técnica. Las plataformas tecnológicas, por su parte, aún no han emitido una respuesta oficial al respecto, aunque se anticipa que podrían intentar negociar términos más flexibles o defender sus prácticas actuales de verificación de edad.
El Ejecutivo neozelandés ha manifestado su intención de promover un consenso amplio en torno a esta normativa, involucrando a actores políticos de todas las tendencias, así como a organizaciones de la sociedad civil, expertos en desarrollo infantil y representantes del sector tecnológico.
En un contexto global donde el impacto de las redes sociales sobre la salud mental de los adolescentes ha sido objeto de creciente atención, esta propuesta posiciona a Nueva Zelanda como uno de los países que más decididamente busca regular el entorno digital desde una perspectiva de cuidado social. Aunque el camino legislativo apenas comienza, la medida representa un paso firme hacia un modelo más seguro de interacción digital para las nuevas generaciones.
