El Ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos, ha desatado una amplia discusión nacional sobre el uso de la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, cuestionando cómo los jueces de sentencia han otorgado estas medidas en algunos casos. Este tema ha causado controversia, equilibrando la reintegración social de los presos y las preocupaciones por la seguridad pública.
Campos expresó preocupación por decisiones judiciales que contradicen las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología (INC), estructura dependiente de la Dirección General de Adaptación Social. Según datos del Ministerio de Justicia, en los últimos años 3.421 presos han solicitado beneficios como la libertad condicional, que la ministra considera elevada. En la mayoría de estos casos, el INC ha emitido informes adversos recomendando que no se concedan dichos beneficios.
Sin embargo, en los últimos cinco años, 456 presos han sido liberados con la aprobación de los jueces que ejecutan las sentencias, siguiendo criterios que no siempre coinciden con los del INC. Campos indicó que aunque no ofreció cifras exactas, un porcentaje importante de estos beneficiarios eventualmente repitieron actividades delictivas y fueron recapturados.
El poder judicial, por su parte, defendió el proceso en un comunicado, señalando que las decisiones relacionadas con los beneficios penitenciarios no son automáticas ni arbitrarias, sino que se rigen por el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Ajuste Social. Estas disposiciones establecen los requisitos legales y de conducta que deben cumplir los reclusos para acceder a los beneficios, además de otros factores como el tiempo cumplido y su comportamiento dentro del sistema penitenciario.
El presidente costarricense, Rodrigo Chávez, también intervino en el debate, subrayando la necesidad de reformar las leyes antes de considerar megaproyectos como la construcción de nuevas cárceles, algo que calificó como un paliativo insuficiente ante la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Según Chávez, el problema radica en la falta de medidas efectivas en el sistema penitenciario, lo que dificulta reducir la reincidencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Una crítica al sistema de beneficios penitenciarios
Varios sectores han criticado al poder judicial, argumentando que el sistema de prestación de beneficios a los presos no siempre cumple con criterios claros y que en algunos casos se percibe como demasiado permisivo. Los críticos dicen que los fallos parecen ignorar el impacto que estas medidas pueden tener en la seguridad pública, especialmente cuando se aplican a personas condenadas por delitos graves.
El Departamento de Justicia ha recopilado datos que muestran que los beneficiarios de medidas como la libertad condicional o la custodia provienen en gran parte de condenas por delitos relacionados con delitos psicotrópicos, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida y delitos sexuales. Desde el punto de vista del ministro Campos, este tipo de delitos deberían quedar automáticamente excluidos de cualquier oportunidad de beneficios penitenciarios, dado el riesgo que suponen para la sociedad.
El ministerio señaló además que entre las condenas más sensibles se encuentran los delitos contra la libertad, los relacionados con la Ley de Sanción de la Violencia contra la Mujer, los delitos contra los derechos humanos, la seguridad general, la Ley de Armas y los relacionados con el abuso de funciones públicas. La frustración de los ciudadanos por la reincidencia de algunos delincuentes es particularmente notable, especialmente cuando los esfuerzos policiales no parecen estar produciendo resultados duraderos.
«Es comprensible que muchas personas se sientan frustradas cuando los esfuerzos policiales no parecen tener resultados sostenidos», dijo Campos. «El trabajo de la policía para detener y proteger a los infractores de la ley refleja su compromiso con la protección de los ciudadanos.
El punto de vista del poder judicial
En defensa del sistema actual, la Corte Suprema enfatizó que los beneficios penitenciarios no son privilegios, sino herramientas legales diseñadas para facilitar la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según se explicó, estas medidas buscan equilibrar el cumplimiento de las penas con los objetivos de la política penitenciaria de Costa Rica, que incluyen la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la reincidencia.
Los jueces de sentencia consideran numerosos factores antes de otorgar una indemnización por daños y perjuicios. Además del tiempo que el recluso ha permanecido en prisión, evalúan su comportamiento durante su reclusión, sus condiciones personales, familiares y sociales, así como las recomendaciones del INC. Este último proporciona informes técnicos que, si bien no son vinculantes, sirven como una de las principales referencias en el proceso de toma de decisiones.
La Corte también enfatizó que los sistemas democráticos, como el de Costa Rica, buscan equilibrar los derechos individuales de las personas privadas de su libertad con las necesidades de seguridad de la sociedad. En este sentido, los jueces insisten en que la concesión de las ayudas no puede basarse en criterios automáticos ni en presiones externas, sino que debe seguir un análisis detallado de cada caso.
¿Reforma o corrección?
El debate sobre los beneficios penitenciarios en Costa Rica no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia en el contexto de crecientes preocupaciones sobre la inseguridad ciudadana. Si bien el Departamento de Justicia ha abogado por reformas legales que limiten el acceso a estos beneficios para ciertos delitos graves, el poder judicial insiste en que el sistema actual está diseñado para lograr un equilibrio entre justicia y rehabilitación.
Por otro lado, los críticos argumentan que se necesita un enfoque más integral que combine reformas legales con inversiones en prevención del delito, programas de rehabilitación eficaces y mejoras a la infraestructura penitenciaria. Como ha señalado el presidente Rodrigo Chávez, la construcción de nuevas cárceles, si bien es necesaria, no resolverá por sí sola los problemas estructurales del sistema penitenciario.
En última instancia, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Para lograrlo, será esencial fomentar un diálogo inclusivo entre los diversos actores involucrados, desde el ejecutivo y el judicial hasta la sociedad civil, con el fin de construir un sistema penitenciario más justo, eficiente y seguro.
El debate sobre los beneficios penitenciarios no sólo resalta la tensión entre justicia y rehabilitación, sino que también refleja la complejidad de abordar uno de los problemas más apremiantes que enfrenta Costa Rica: garantizar la seguridad de los ciudadanos y al mismo tiempo promover una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.
